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MUERTE A LA PALABRA
Entre las sombras y el destierro.

Por Andrés Fonseca y Jhon Rodríguez

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”, Articulo 20, Constitución Política de Colombia.

Imagen tomada de La libertad de expresión en tiempos de internet

Según diferentes analistas, las principales problemáticas que enfrentan los periodistas en el ejercicio de su trabajo son el conflicto armado, las actividades ilícitas de las bandas criminales, conocidas como Bacrim y la corrupción. Este tipo de dificultades pueden ser más visibles en países como México y Colombia. El primero es uno de los lugares más peligrosos para la profesión a nivel Latinoamérica, teniendo en su haber 129 comunicadores asesinados en el año 2013, ocupando así el puesto 152 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, realizada por la organización Reporteros sin Fronteras. En dicho escalafón Colombia ocupa la casilla 126 (Ver: http://rsf.org/index2014/es-index2014.php#).

En el país flagelos como los mencionados, han costado la vida a 143 periodistas en el periodo comprendido entre los años de 1977 y 2014, según datos de la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa). De estos, más del 35% de los casos no tuvieron ningún reporte oficial, un 16% quedaron en investigación preliminar y apenas el 12% tuvieron sentencia condenatoria. Esto quiere decir que el 88% de los casos no pasó de ser un archivo, una sentencia absolutoria o una preclusión.

Departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, parte de la zona Orinoquia y de la Amazonia, son los sitios que registran más altos niveles de peligro.

De acuerdo con la misma Fundación, en el periodo 2006 a 2013, sucesos vinculados por amenaza (714), obstrucción del trabajo periodístico (356) y exilio (29) son los eventos de mayor impacto, y el 2011 el año con el índice más alto de amenazas. El asesinato, aunque es el que menores números registra (19 en este periodo), no deja de ser un problema y de tener poca atención por parte de las autoridades.

Vale la pena recordar el caso de Yonni Steven Caicedo, quien fue baleado por sicarios cuando se movilizaba por el barrio Caldas el 19 de febrero de 2014 en Buenaventura quien trabajaba como camarógrafo para el canal regional ‘TV Noticias’ y ‘Más noticias´. Yonni tuvo que salir de la ciudad por miedo a retaliaciones contra su vida, hechos que se presentaron siente meses antes, cuando hacía seguimiento a una serie de asesinatos en la comuna 12. Mientras realizaba la grabación, dos hombres se acercaron y lo obligaron a dejar de filmar, además de prohibirle volver a la zona. El camarógrafo pudo escapar gracias a la presencia de una patrulla de policía, que lo escoltó hasta a casa y le aconsejó a él y su familia que dejara la ciudad. Sin embargo al regresar a Buenaventura, no le brindaron ningún esquema de seguridad, ni él y ni su familia. “La falta de seguimiento de los casos de periodistas que corren peligro, así como la falta de articulación entre las autoridades locales y nacionales”, señala la FLIP, son motivos por los cuales no se evitan este tipo de tragedias.

Jonathan Bock, Asesor de Protección de esta institución, asegura que existe una interlocución  bastante efectiva con los cuerpos de seguridad, “Ellos reciben de manera favorable los reclamos y protestas, pero en algunas regiones del país,  aún existen ciertas irregularidades, puesto que por momentos se niega el acceso a herramientas que faciliten su custodia” y “existen diferencias muy abiertas entre algunos mandatarios y la prensa”. También afirma que aunque la UNP (Unidad Nacional de Protección) ha mejorado su política general para dar mayor respuesta, los tiempos de implementación y de desarrollo de los análisis son desastrosos, dado que en algunas ocasiones  se han demorado hasta seis meses en asignar escolta. “Son más los problemas y trabas administrativas, que la falta de voluntad”, afirma Bock.

Pese a esta buena relación el panorama aún es desalentador, debido a la cantidad de incidentes que permanecen bajo la sombra, como queda anotado en el Índice Global de Impunidad, publicado el pasado 16 de abril por el Comité para la Protección del Periodista (CPJ por sus siglas en inglés), en el cual el país descendió al octavo lugar, después de haber estado en el quinto puesto (Ver informe:https://www.cpj.org/es/2014/04/eludir-los-asesinatos-3.php). Según el CPJ las cifras que se observan en la actualidad en cuanto al amparo a reporteros, han mejorado considerablemente  debido al descenso de víctimas y a que en algunos momentos resulta ser efectiva la respuesta de la policía, aunque resalta que “desde el 2009 nadie ha sido condenado por la muerte de un periodista”.

Por otro lado, el Comité asegura también que este proceso no tiene nada que ver con la justicia, ya que “hay fiscales sobrecargados, no hay intercambio de información, existe mal manejo de la evidencia y hay malversación de los funcionarios judiciales, esto retrasa las investigaciones penales”.

Lo que hay en el olvido.

Jineth Bedoya, ejercía como periodista en la sección judicial del periódico El Espectador. Ella comenzó a recibir amenazas e intimidaciones por el cubrimiento  que realizaba del conflicto armado y la situación carcelaria. Esta cuestión fue informada a las autoridades, las cuales prometieron un esquema de seguridad, pero nunca se hizo nada. Sin importar las intimidaciones, que incluyeron el envío de un animal muerto, dejándole claro que si seguía adelante con el tema, iba a quedar así, la periodista continuó su labor investigativa. Un día que iba camino a su casa fue arroyada por una motocicleta junto a su madre, la cual tuvo varias heridas de gravedad. Esto la llevo a exiliarse por primera vez.

En abril de 2000 se presentó en la Cárcel Modelo de Bogotá, un incidente entre internos, que dejó un saldo de 25 presos muertos. Jineth decidió seguir la pista a  las guerras de las cárceles en Colombia. El 25 de mayo de ese año, fue secuestrada frente a la entrada principal de la Modelo cuando estaba a punto de recibir una entrevista, fue expuesta a tortura física y psicológica y antes de ser abandonada en un paraje rural, en cercanías de la ciudad de Villavicencio, abusaron sexualmente de ella.

Muchos Estados le ofrecieron asilo, pero ella no quiso abandonar el país, ya que deseaba seguir con su trabajo  a través de los recorridos que hacía por varias regiones, en las que el conflicto era muy intenso. Durante doce años las autoridades mostraron poco compromiso, en un total desconocimiento de las medidas cautelares dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La inactividad de la justicia colombiana fue la razón por la cual Jineth Bedoya y la FLIP denunciaron al estado ante esta Comisión Internacional. Pese a que hay tres paramilitares vinculados como presuntos autores materiales y que el caso fue declarado delito de lesa humanidad, no se ha llevado a ninguno de los implicados a juicio.

Edison Alberto Molina fue asesinado el 11 de septiembre de 2013 antes de entrar a su casa, minutos después de haber salido de su trabajo. Dirigía un programa en una emisora comunitaria en Puerto Berrio, Antioquia, llamado ‘Consultorio Jurídico’, donde prestaba asesoría a la población y denunciaba temas de corrupción en la administración de Robinson Baena. Un mes antes del homicidio rompieron los vidrios de su oficina. La nota envuelta en las piedras advertía: “Deje trabajar gonorrea, porque no ataca a otros; se calla o lo callamos”.

Antes de su fallecimiento, recibió una bolsa plástica llena de tierra negra y huesos, lo cual fue denunciado al igual que las llamadas y los mensajes a través de redes sociales y las notas que dejaban en su hogar. Días después de la demanda formal, la Procuraduría Provincial envío un oficio al comandante de la policía teniente Juan Carlos Flores, en el que ordenaba tomar medidas con el fin de evitar cualquier daño en la integridad de Molina, orden que no fue obedecida por el oficial, tras acusar al periodista de autoamenazarse.

Su caso aún está en investigación preliminar y fue asignado a otro despacho de la Fiscalía por petición directa de la FLIP el 10 de octubre de 2013. El pasado 21 de enero el fiscal general Eduardo Montealegre accedió a la petición y reasignó el caso a un fiscal de Derechos Humanos.

Abelardo Marín Pinzón, era camarógrafo y editor de la productora Paranova Ltda., adjunta al canal Telepacífico. Sicarios lo asesinaron el 27 de mayo de 1994, al salir de su casa  ubicada al sur de Cali. El señor Marín nunca denunció ningún tipo de amenaza o represalia a la policía, ni tampoco a las directivas del canal. Myriam Beltrán, amiga y compañera de Marín, jefe de recursos humanos de la productora, dijo: “No recuerdo que él o la familia, hayan dicho algo sobre el tema, ni antes ni después. Es más, cuando el falleció la esposa vino por los papeles y la liquidación pero no hablo con nadie, ni siquiera con los medios”.

La señora Beltrán dice que la causa de su asesinato pudo haber sido la publicación der unas imágenes que público, en las que aparecían personajes reconocidos con capos del narcotráfico. No hubo, ni hay procesos judiciales por este hecho.

Jhon Jairo Jácome, tiene 29 años y trabaja como reportero en el diario La Opinión, de Cúcuta. John Jairo fue amenazado por  una investigación de 5 años, sobre algunos paramilitares del Bloque Catatumbo, quienes operaban en todo el sector fronterizo de la ciudad. Luego de la publicación en el periódico, fue capturado alias “el Iguano” uno de los  cabecillas del frente mencionado, al parecer por los datos que arrojó la investigación.

En 2010, ante la primera amenaza, hizo caso omiso, pero en febrero de 2012 se reiteraron las advertencias. John Jairo hizo las denuncias respectivas y el estudio de seguridad arrojó como resultado que debería tener cuidado y estar atento, porque las amenazas eran reales. “Lo único que el estado me ha proporciono es: un subsidio de comunicación que consta de un Avantel sin minutos, un auxilio de transporte promediado en dos salarios mínimos vigentes mensuales y un chaleco antibalas, que creo debe estar vencido”, aseguro Jácome.

Él considera que el medio en el que trabaja, no posee la estructura necesaria para proporcionarle algún tipo de salvaguardia para su vida, ya que es un medio pequeño y con poco capital. También dice: “De pronto falto presionar un poco a los encargados,  pero la verdad me mamé de rogar para que me ayudaran”. Cree que una de las grandes fallas del sistema de protección a periodistas amenazados,  es no ser reconocidos o no contar con amigos  que puedan gestionar acciones más contundentes por parte del Estado y la que a su parecer es la más grave, es la carencia de solidaridad de género, puesto que envió varios correos, a colegas conocidos en los diferentes medios con el fin de recibir  ayuda pero, “todos se hicieron los locos y eso creo que es lo que más duele”. 

En noviembre del 2013, le realizaron un nuevo estudio de seguridad el cual dio como resultado que sigue en alto riesgo, pues “el Iguano” está próximo a salir de la cárcel, lo cual lo tiene preocupado y ha pensado en abandonar Cúcuta.

Un poco de reconocimiento.

Andrés Sánchez, recorrió la ciudad como el patrullero de la noche, del Canal RCN. Dentro de las rutas por las que transitaba en su moto y los barrios que visitaba cada noche en la capital y luego de hacerle un continuo seguimiento, informó sobre unos expendios de droga. Luego de esto recibió una llamada en la que lo intimidaron y le dijeron que era mejor que guardara silencio.

Aunque realizo la denuncia formal ante la UNP, el estudio de su caso se tomaría alrededor de 90 días, por lo que RCN puso a su disposición inmediatamente dos escoltas y una camioneta blindada. Ahora trabaja en la mesa de redacción de las noticias internacionales.

Mary Luz Avendaño lleva 6 años como corresponsal de El Espectador en Medellín. Ella recibió la primer amenaza el 22 de junio de 2011, después que un conocido suyo recibiera una llamada en la que le advertían: “Dígale a su amiga, la periodista Mary Luz, que deje de publicar maricadas ¿o quiere ganarse el premio gordo?”. Todo esto por unas publicaciones que hizo sobre los enfrentamientos y la violencia, que habían traído bandas de narcotraficantes a la ciudad y la posible complicidad de efectivos de la fuerza pública.

Días después le realizaron otras llamadas, pero esta vez su finalidad era conocer los datos personales de la periodista, quien por temor a que le hicieran algo a su familia, aviso rápidamente a las autoridades. El cuerpo de Policía de Medellín, comandado por el entonces General Yesid Vázquez,  brindo protección inmediata, a ella y a su familia. Dadas las circunstancia e informes de inteligencia que decían que la situación estaba delicada, Mary Luz tomó la decisión de abandonar el país en febrero de 2012, también persuadida por organizaciones como la FLIP, IPYS (Instituto Prensa y Sociedad), CPJ, Reporteros sin Fronteras, Somos Defensores, entre otras. En el mismo mes y después de su partida, empezó el análisis de seguridad y hasta el mes de mayo de 2012 se manifestó que si existía peligro de muerte.

Después de su regreso a principios de 2013 y de saber que aún estaba en riesgo, la UNP le asignó dos escoltas y una camioneta blindada. Ella asegura: “De vez en cuando se ve un tipo rondando la casa. Se ve por una o dos semanas continúas y desaparece por un mes, para luego hacer la misma rutina”. Este organismo, le aseguro a Mary Luz, que estudiaría semestral o anualmente su situación, a igual que los hombres dispuestos para su seguridad, que informarían mensualmente sobre el tema.

Reacción y procedimiento

En un medio de comunicación privado y que posea los recursos suficientes, una amenaza es tratada de la misma forma, en cuanto a investigación se refiere, que  la Unidad Nacional de Protección, UNP. Mientras se define de donde viene, qué medio fue utilizado, si es directa o proviene de un tercero, se brinda protección inmediata, puesto que y como lo asegura Sandro Cortés, Jefe de seguridad “no se pueden dar el lujo de esperar tres meses y abandonar al periodista a su suerte”.

Sin embargo, actúan y siguen los parámetros establecidos por la ley, aconsejando al profesional que debe acercarse a la Fiscalía, entablar una demanda  en donde especifique que van a atentar contra su vida, integridad o su familia debido a su labor periodística. Luego, el periodista amenazado se debe dirigir a la UNP para diligenciar un formato establecido directamente por ellos para efectuar esta clase de denuncias y en un lapso de 90 días dan la primera respuesta, en la que se especifica si es o no necesaria la protección, si simplemente es una falsa alarma y si se continua con la seguridad brindad por el medio o se toma la del estado.

Un medio importante o reconocido, puede disuadir y obtener una respuesta más efectiva, en cuanto a tiempo se refiere y también define si los recursos prestados por la UNP son suficientes. De lo contrario, ellos entrarían a complementarlo. Por otro lado, Cortés afirma que el periodo en el que se realiza el análisis de seguridad es muy largo, ya que un estudio bien hecho puede arrojar resultados en 10 o 15 días.

El mismo Cortés agrego: “La UNP asigna un grupo de investigadores y como son varios los amenazados, tienen que estar en constante movilización por distintas regiones del país. Elloos se reúnen una vez al mes y luego envían la investigación a otra unidad llamada CERREM (Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas) para que ellos den otro concepto. Es más la burocracia del estado, para poder definir si la amenaza es latente o si tiene fundamento para tomar medidas y el periodista que no tiene renombre, tendría que velar por su propia seguridad mientras salen los resultados o irse del país por sus propios medios”.

Al presentar el caso ante las autoridades encargadas de velar por la seguridad, el periodista recibe un manual de autoprotección, con una serie de recomendaciones y parámetros que debe tener en cuenta al momento de una amenaza. Estas son algunas:

1. Ante la sospecha de ser seguido o vigilado, informe inmediatamente a las autoridades de la policía más cercanas y manténgase en el mayor nivel de alerta.

2. Averigüe la ubicación de la estación de policía más cercana y los teléfonos de emergencia de centros de atención próximos a su residencia, trabajo o lugares que usted frecuente.

3. No consuma bebidas alcohólicas en sitios públicos.

4. Adopte una conducta de prevención  protección y no baje la guardia en ningún momento.

Todo esto mientras pasa los tres meses o más, que puede demorar el análisis de algún caso.

La ley 1016 de 2006 determina que “se adoptan normas legales, con meros propósitos declarativos, para la protección laboral y social de la actividad periodística y de comunicación a fin de garantizar su libertad e independencia profesional”, pero según el abogado Guillermo Bravo Vega esta norma no ofrece ninguna garantía para el ejercicio de la profesión. Bravo indica que para efectos legales el periodista, en muchas ocasiones, es tratado como un ciudadano común, ya que esta ley no ejerce presión y no es un mecanismo que pueda ser utilizado como defensa. En uno de los apartes la Sentencia T-1037/08, dictaminada a favor de un periodista expresa “Que ante personas que se encuentran en situación de riesgo alto o extraordinario, el Estado tiene deberes especiales, uno de los cuales es el reconocimiento” de cualquier de cualquier amenaza.

Refiriéndose al mismo caso, el fallo explica que en repetidas ocasiones y sin fundamentos que lo demuestren, el Ministerio de Defensa puso en “duda el nivel de riesgo” de la periodista en cuestión y enfatiza que “adicionalmente, esta actitud del Ministerio perturba la visión que la sociedad tiene derecho a tener sobre acontecimientos de relevancia pública (como la existencia de amenazas y hostigamientos contra periodistas independientes) y de la angustiosa situación que esta persona en particular, por razón de su oficio, ha debido vivir”. Bravo Vega, explica que situaciones como esta, solo quedan en el papel o son omitidas por la ley, generándose una cantidad de procesos que duran largo tiempo largos para luego ser archivados por la justicia.